• Seminario Internacional. La información como derecho

    Extractivismo. ¿Transparencia de información?

  • De la retórica del gobierno a los hechos comunitarios

    Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca:Tenemos acuerdos, queremos cumplimiento.

  • COMUNICADO: "Hemos dado un paso importante, lo que sigue está en manos del gobierno. Nuestro mensaje es claro, estamos cansadas de firmar papeles"
  • Marcha de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la Vida y el Territorio
  • En medio de la Guerra, Nosotros

    Los pobladores del consejo comunitario La Toma, Suárez-Cauca, dan testimonio y expresan su preocupación ante las consecuencias e impactos de la militarización de su territorio.

  • VIDEO: Segunda parte ¿Agua o Petróleo?. Ecopetrol, ¿el milagro de la vida?

    Presencia de grupos paramilitares en la zona llamada los Kioskos (Municipio de Puerto Gaitán), en la que se registran: homicidios, amenazas, desapariciones, desplazamiento y una fuerte contaminación ambiental, viven los pobladores del departamento del Meta por causa de la explotación petrolera. .

  • Seminario internacional "Geopolítica y extractivismo en Colombia"

miércoles, 2 de agosto de 2017

Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA

Atentado a dos promotores de Consulta Popular en cajamarca. Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA. Fuente: Colectivo Socio Ambiental y Juvenil de Cajamarca. 28 de Julio de 2017



COSAJUCA informa a la opinión pública que el día 28 de Julio a las 7:30 pm en inmediaciones del casco urbano de Cajamarca, exactamente por el camino veredal que conduce a las veredas Rincón Placer y La Ciudadela Ismael Perdomo en el municipio de Cajamarca, 2 integrantes de Cosajuca fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, afortunadamente no resultaron heridos por ninguno de los 2 disparos que fueron hechos desde una casa en inmediaciones de la Carrera 9. Los 2 integrantes de COSAJUCA estaban realizando actividades en el marco de los derechos humanos y la defensa del territorio y el agua. Recordamos que COSAJUCA ha perdido 2 compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014, y desde hace 4 años hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue detenido gracias a la histórica Consulta Popular del pasado 26 de marzo. Exigimos a las autoridades como la Fiscalía que actúen de manera eficaz para dar con los responsables de este atentado para que se haga Justicia. Exigimos a la Consejería para los derechos humanos de presidencia, Ministerio del Interior, UNP, Defensoría del Pueblo, Personería y Alcaldía de Cajamarca se brinden todas las garantías para la integridad de cada miembro de COSAJUCA y sus familias y así poder seguir realizando nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos y el territorio. Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales para que compartan y denuncien este acto no solo en contra de COSAJUCA, sino a todo el proceso socio ambiental que defienden los territorios en el Tolima. Solicitamos a las Naciones Unidas y Cuerpos diplomáticos presentes en el país, para que brinden acompañamiento y asesoría a COSAJUCA, entendiendo que el asesinato de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente ha crecido dramáticamente al punto de ubicarnos en el deshonroso 2 lugar con 37 homicidios en Latinoamérica. Para mayor información al correo colectivocosajuca@gmail.com

lunes, 27 de marzo de 2017

El pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera

El pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera. Marzo 26 de 2017. Fuente: .- El País. -Colombia.
Una mujer depositando su voto. 
La decisión estaba en manos de Cajamarca, un pueblo de 20.000 habitantes, pero los efectos serían determinantes para todo Colombia. Ganaron los defensores del medio ambiente que, después de la larga batalla jurídica (y hasta política), vencieron a la compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos del país. A través de una consulta popular, en la que 16.312 personas podían votar, el pequeño poblado determinó cuál será el rumbo ambiental de su región y abrió un debate nacional sobre otros trabajos de exploración que se adelantan. Con un abrumador 6.165 contra 76, se impuso el rechazo a la explotación minera. Las calles de Cajamarca se llenaron para celebrar que el pueblo estaba haciendo historia. 
“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Era la pregunta que debían responder los ciudadanos. Con que 5.438 votaran por el no, el permiso que el Estado había otorgado quedaría sin efectos. Y así fue. En los primeros boletines de la Registraduría Nacional, los defensores del medio ambiente ya eran ganadores.
Aunque para la explotación todavía faltaba un par de años, según los planes de la compañía minera, desde hace varios ya venían haciendo trabajos de exploración. La meta era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. Por eso, desde hace ocho años, cuando se conocieron las intenciones de la empresa sudafricana, nadie le quitó los ojos de encima al proyecto. Ni los ambientalistas, a los que se unieron organizaciones jurídicas y cívicas, ni quienes abogaban por los mineros artesanales que, con el no victorioso, según ellos, se quedarían sin trabajo. AngloGold siempre se defendió. Aseguró que desde que empezaron sus labores de exploración han implementado los estándares más exigentes de la industria. “Podemos decir que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”, declaraba la compañía hace unos días.
Voces como las del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- también se manifestaron contra la consulta. Bruce Mac Master, su director, aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”, decía en una entrevista con la agencia Colprensa. Según él, si no fuera por la minería legal, no habría industria cementera, de construcción, metalúrgica o agroquímica. Pero para los ciudadanos, los argumentos a favor del medio ambiente estuvieron por encima.
“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razona Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Según él, la decisión de este domingo servirá para otras regiones, no solo de Colombia, que están enfrascadas en conflictos ambientales. “Lo que pasó hace realidad la promesa de participación y de centralización de la Constitución de 1991. Es una voz que debe ser acatada por el Estado. Es un ejemplo para otros países”.
Por primera vez, una consulta popular de iniciativa ciudadana y con un enfoque ambiental demostró que los caminos participativos que el Estado garantiza en el papel, pueden ser posibles en la realidad. El desenlace de esta historia, sin embargo, está todavía por verse.
Los más pesimistas temen que no se respete la voluntad del pueblo y que no se revoquen los titulos mineros existentes con AngloGold. Otros dicen que la lucha continuará hasta que el proyecto desaparezca de la zona. Un final con el que los promotores del no sueñan desde enero del año pasado, cuando se propuso hacer la consulta. Meses más adelante, en mayo, la Corte Constitucional le dio un empujón a la idea, al declarar inconstitucional un apartado del Código de Minas que no permitía a los municipios decidir (prohibir) sobre la minería. La estocada final apareció en octubre, cuando otro pronunciamiento de la Corte señaló que las consultas populares en temas mineros son constitucionales. En ese momento, empezó la carrera de ambas partes por llevarse la mayoría de votos.
Jimmy Torres, del comité ambiental del Tolima, asegura que el camino a seguir es blindar la consulta. “Esto es un paso muy importante, pero no el final. Ahora debemos velar para que se cumpla lo que se decidió en las urnas”, decía desde Cajamarca, a donde llegaron organizaciones internacionales para acompañar el proceso. “Unirnos para proteger el agua y la tierra debe ser una meta. El agua no tiene color político, es la fuerza que nos une”, señalaba en la tarde del domingo.
Ver enlace: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/colombia/1490566547_441108.html

jueves, 2 de marzo de 2017

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative.

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative. del 19 al 24 de febrero de 2017, marzo 2 de 2017. 
Imagen de archivo Fuente: hbnoticias.com

Las organizaciones abajo firmantes hacemos expresa nuestra preocupación frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) está llevando a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira.

Las razones que motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:
                  
       La ausencia de claridad respecto a: los objetivos de la delegación de la MFRI, la metodología de recolección de información, el empleo de los resultados obtenidos por parte de los partícipes de esa delegación, y las consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa territorial y exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas en la zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.
       La ausencia de información oportuna, completa y verificable que garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades afectadas por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la agenda, en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el proceso mismo de reconocimiento territorial.
       La ausencia de una metodología de incursión en el territorio que permita a los integrantes de la delegación constatar y dialogar autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las comunidades afectadas sobre los daños ocasionados por la operación carbonífera que se conduce y promueve activamente en ambos departamentos.

Nuestras preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción que se lleva a cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los últimos años en nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los ecosistemas y en la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le atribuye ser generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese escenario que las comunidades de ambas regiones han emprendido acciones en defensa de su territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por  sus impactos irreversibles y por su indiscutible insustentabilidad. Ha sido en medio de evidentes asimetrías en las relaciones entre las comunidades y las empresas que los cuestionamientos económicos, sociales, ambientales y legales a esta industria, hechos por  líderes y organizaciones sociales, han resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención, dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades asegurada. Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son prueba de los grandes desafíos que aún tenemos.

La “Ecología Integral” (resaltada en Laudato Si´ 140-142) implica considerar las voces de las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como las experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama la confrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente, científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un emprendimiento contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por ello, resulta desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente por y con las empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American. BHP Billiton) y Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los sectores sociales, en especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión de la realidad que evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión empresarial y no por la de las comunidades y sectores sociales que se han visto afectadas en sus proyectos de vida debido a dichos intereses.

Las falencias antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto a los proyectos extractivos. Tal como ha sido  diseñada, la visita de la delegación de MFRI a Colombia, observamos que adquieren mayor relevancia los intereses empresariales reflejados en la estrategia “Catalizador para la empresa minera del futuro” de la “Kellogg Innovation Network” que las líneas de orientación y acción de la Encíclica Laudato Si´, así como los pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros con Movimientos Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).

No obstante nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la visita y la confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de involucrarnos en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que nuestro esfuerzo fue en vano ya que, una vez hechas todas  las  gestiones para que las comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita de manera independiente, al final fuimos informados que la delegación se conduciría según la agenda organizada por las corporaciones mineras. Posteriormente, a tan solo un día de la visita, para el caso del departamento de la Guajira, se informó que se abriría un espacio para nuestra participación, aumentando así la confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura al diálogo con los afectados directos de la operación empresarial, pese a las propuestas que hicimos previo a su llegada al país.

Lamentamos entonces no haber contado con un espacio suficientemente amplio y participativo para que la delegación escuchara a las comunidades rurales y urbanas que tienen una voz disidente frente al actuar corporativo y gubernamental en materia minera, ni de las organizaciones que tenemos un trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Insistimos en que tenemos voluntad y apertura para el diálogo, siempre y cuando existan garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo siguiente:

       Los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran en una crisis humanitaria derivada de la vulneración de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de expansión de las operaciones mineras en estos dos departamentos del país.

       Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento del sector minero, con sus consecuentes regalías, ha significado un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Según las proyecciones del Censo de 2005, para el 2012 la población del departamento del Cesar con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio poblacional nacional de NBI correspondía al 27,78% (Cinep, 2014[1]).

       Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento forzado en Colombia por cuenta de las actividades carboníferas y sus consecuencias contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado (denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido característicos en la expansión de estos proyectos mineros.

       La ampliación minera en los dos departamentos se ha realizado sobre zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre e informada que permitan a la población participar en el ordenamiento de su territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las empresas han realizado procesos de negociación individual para la compra de tierras a través de la intimidación, la restricción en el acceso a los recursos y el confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura del tejido social y la desaparición de múltiples comunidades.

       En los casos en los que ya se han dado los reasentamientos, las poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de vida rural a la urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas como la falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y la recreación. 

       La contaminación del aire y el desvío de fuentes hídricas básicas para la recreación de la vida de las comunidades del Cesar y de La Guajira son problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes períodos de sequía.

       En los últimos años ha aumentado la violencia en contra de líderes sociales en las regiones, particularmente aquellos que emprenden acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría del Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de causalidad entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes y su oposición a las operaciones mineras.

Nos preocupa que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y omita hacer los llamados y condicionamientos necesarios para que las empresas que hoy dirigen esas operaciones, y en las cuales han depositado sus inversiones, no sigan contribuyendo a las violaciones de derechos humanos que hemos documentado en la región, y tanto más que su recorrido por la zona no sea un instrumento de transformación, sino de legitimación formal. Por  tanto hacemos un llamado a:

1.      Promover garantías para la participación real y efectiva de  las comunidades afectadas por la minería  y de las organizaciones sociales con acceso a la información clara, transparente y oportuna.
2.      Impulsar medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre empresas y comunidades.
3.      Promover obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y derechos humanos y transparencia en el actuar de los actores estatales, gubernamentales y empresariales.
4.      Exigir el respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes en los distritos mineros de Cesar y Guajira.
5.      Exigir garantías para que las operaciones carboníferas no sigan profundicen las causas de desplazamientos forzados en la región, y que las consecuencias de los que ya se han generado serán atendidas adecuadamente, con un enfoque de protección preferente para sus víctimas.
6.      Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del ambiente, del territorio y de los derechos humanos.

Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que una visita en estas condiciones puede representar para los ejercicios de defensa territorial y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las comunidades y sectores sociales de ambos departamentos. Por lo anterior, esperamos que este no sea un intento más de las empresas por obtener la legitimación social de los sectores de la fe, y exigimos prácticas transparentes, participativas y libres de manipulación.

Bogotá, 24 de febrero de 2017


CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
Colectivo de Abogados Ambientalistas, Guacamaya Dumeka
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Colombia Solidarity Campaign
Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión JPIC - CRC
Comité Ambiental en defensa de la vida
Comité de concertación de reasentamiento de Boquerón (La Jagua de Ibirico- Cesar)
Conferencia de Religiosos de Colombia (C.R.C)
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Corporación Geoambiental TERRAE
Corporación Vida del Río Fucha-CORVIF
Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Grupo de Trabajo Suiza Colombia (Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask!)
Instituto de Estudios para la Paz (INDEPAZ)
London Mining Network
Movimiento Católico Mundial por el Clima
Movimiento sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)
Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica - OCMAL
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Observatorio de Expansión minero energética y re-existencias
Paz con Dignidad-OMAL Colombia
Pensamiento y Acción Social (PAS)
Programa Radial Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stereo Bogotá - Colombia
Red de Comités Ambientales del Tolima
Red Iglesias y Minería
War on Want

ORGANIZACIONES QUE APOYAN
AMERINDIA-Colombia
MESETI - Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá D.C.
Cantoalagua-Colombia
Red Nacional del Agua- Colombia

PERSONAS QUE APOYAN
Fr. Eduardo Agosta Scarel , O. Carm., representante regional, Carmelite NGO
Edwin Leonardo Avendaño Guevara, Obispo - Fraternidad Apostólica de Cristo Sacerdote
Fernando Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales (M.N.V.C.)



[1]      Cinep, “Impactos socioterritoriales de la explotación minera en los departamentos del Cesar y La Guajira”, en Fescol, Análisis 1/2014, p. 51, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11067.pdf.

domingo, 8 de enero de 2017

Los indígenas Embera de Risaralda en peligro de desaparición por la megaminería

Los indígenas Embera de Risaralda en peligro de desaparición por la megaminería. Dic. 5/2016. Fuente: Comité Ambiental.

Fuente: Tomada de Internet por Comité Ambiental

Ver enlace: https://comiteambiental.com/los-indigenas-embera-risaralda-peligro/

Los indígenas Embera de Risaralda en peligro de desaparición por la megaminería
Las Autoridades Indígenas de la Parcialidad Embera Karambá de Quinchía Risaralda, lanzamos esta Alerta Ambiental y Social por el grave riesgo que corre nuestro territorio, nuestra Madre Tierra y nuestras formas de vida por la Megaminería

Denunciamos
Que nos encontramos en grave riesgo de desaparición como Pueblo Originario a causa de la usurpación de nuestro territorio por las actividades de las empresas mineras que buscan ejecutar concesiones de explotación de manera inconsulta en el marco de la Colosa Regional.
  1. Nuestro territorio ha sido expropiado y usurpado desde la época de la conquista cuando nuestro ancestros fueron masacrados y esclavizados, nuestra lengua materna, nuestras expresiones rituales y culturales prohibidas y el título colonial de nuestro resguardo fue anulado de manera ilegítima en 1948 generando la fragmentación del territorio indígena, el deterioro en nuestras formas de gobierno propio y los procesos de integridad cultural que protegen la naturaleza.
  2. La Sociedad Kedhada (filial de la empresa AngloGold Ashanti) ingresó a nuestros territorios desde 1999, apropiándose de predios que habían sido abandonados y despojados por paramilitares del Bloque Central Bolívar, ingresando a la Vereda La Cumbre, esta empresa ha cambiado dos veces de nombre para evadir responsabilidades, (Batero Gold y actualmente se denomina Minera Quinchía), tienen un proyecto denominado La Cumbre Project que abarca comunidades de las parcialidades indígenas Embera Chamí y Embera Karambá.
  3. Desde hace 8 años la empresa minera Seafield (actualmente Compañía Minera Miraflores) ha ingresado a nuestro territorio de manera inconsulta para llevar a cabo actividades de exploración con la autorización del gobierno nacional y generando división entre las comunidades y buscando la ruptura en nuestras formas de gobierno, actualmente ha sido autorizada por la ANM para llevar a cabo actividades de explotación en territorios indígenas sin Licencia Ambiental y sin el consentimiento previo libre e informado de las comunidades indígenas del territorio.
  4. La Empresa AngloGold Ashanti ha anunciado el inicio de sus actividades en agosto de este año en territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Quinchía, bajo la autorización del gobierno nacional con concesiones mineras inconsultas.
  5. En reunión del 25 de mayo de 2016 la empresa Minera Seafield S.A.S. y la empresa Portex, asesores de la minera, manifestaron que el proyecto implicaría el uso de aproximadamente 4.000 hectáreas concesionadas por 30 años, (prorrogables por dos períodos más hasta 90 años) de uso del territorio por parte de las empresas con impactos irreversibles sobre Nuestra Madre Tierra.
  6. El 22 de septiembre, en reunión de preconsulta, la delegada del Ministerio del Interior, sin tener en cuenta los criterios constitucionales, ni las propuestas de las comunidades, decidió de manera unilateral, cerrar el proceso de garantía de la Consulta Previa y autorizar a laCompañía Minera Miraflores la realización de actividades de exploración y explotación dentro de nuestro territorio sin consentimiento y sin Licencia Ambiental, avalando la posición de la empresa en que como parcialidad No tenemos territorio en una acción fragmenta nuestras territorialidades, vulnera nuestros derechos fundamentales a la vida, integridad cultural y autonomía y pone en grave riesgo ambiental a todas las comunidades de Quinchía y la región por las afectaciones posibles sobre el río Cauca y sus afluentes en la región.
  7. El Ministerio del Interior ha actuado vulnerando nuestros derechos frente a una empresa que tiene garantizadas las acciones de extracción de los elementos de la naturaleza y las ganancias por la extracción de oro a cielo abierto, frente a la vida no sólo de los indígenas de Quinchía, también de todas las personas que puedan verse afectadas por la contaminación de fuentes de agua, la transformación del uso del suelo y la pérdida de la capa vegetal en la zona.
  8. El 28 de septiembre de 2016 la empresa Compañía Minera Miraflores inició la realización de un censo ilegal, allí el señor Carlos Trejos, funcionario de la empresa que se desempeña como Gestor Social del proyecto, les manifestó a los participantes que en este territorio ya no tenían nada que ver los indígenas porque, según él, los indígenas “habían perdido”, manifestación que no se entiende, por cuanto los derechos fundamentales como los del territorio ancestral y la Consulta Previa no se pierden.
  9. En el mes de noviembre de 2016 se llevó a cabo reunión con las Juntas de Acción Comunal y la empresa Minera Quinchía para la aprobación de las acciones del proyecto “Exploración Minera con Valores Anómalos de Mineral de Oro dentro del título Minero 22159” (que lleva aproximadamente 17 años explorando en el territorio) en dicha reunión la empresa manifestó que no se llevaría a cabo garantía de la Consulta Previa con Karambá, violando ostensiblemente nuestros derechos y negando el ejercicio de nuestra autoridad territorial
Con base en lo anterior
SOLICITAMOS la solidaridad, movilización y acciones de protección de los Pueblos originarios de Colombia para la protección de nuestra madre tierra y nuestras formas de vida, considerando el grave riesgo de desaparición como pueblo que actualmente afrontamos.
DEMANDAMOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y las demás instituciones del Estado el cumplimiento de las obligaciones de garantía de derechos fundamentales y de las órdenes constitucionales respecto de los pueblos indígenas (sentencias de la Corte Constitucional respecto de la Consulta Previa y el Territorio Ancestral indígena, Auto 004 de 2009 etc.)
EXIGIMOS A LAS EMPRESA MINERAS el respeto por nuestras formas de gobierno, procesos de integridad cultural y de protección de la naturaleza, así como detener todo tipo de actividad ilegal e ilegítima en nuestros territorios como las actividades de exploración inconsultas y de explotación sin licencia ambiental.
Autoridades indígenas de la Parcialidad Embera Karambá de Quinchía
Quinchía, 05 de diciembre de 2016

viernes, 16 de diciembre de 2016

Amenazan de muerte a lideresa Wayuu Jakeline Romero

Amenazan de muerte a lideresa Wayuu Jakeline Romero. 15 de diciembre de 2016. fuente:notiwayuu.
AMENAZAS CONTRA LIDERESA WAYUU DEL RESGUARDO INDIGENA WAYUU EL ZAHINO, MIEMBRO DEL MOVIMIENTO FUERZA DE MUJERES WAYUU – SUTSUIN JIYEYU WAYUU.

El Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu - Sutsuin Jiyeyu Wayuu, en conjunto con el Resguardo Indígena Wayuu El Zahino, nos pronunciamos ante la opinión pública Nacional e internacional, instituciones del Estado Colombiano, Ministerios Publicos, ONG´s y diferentes Organizaciones Sociales, frente al recrudecimiento de violaciones de derechos humanos  en contra de líderes, lideresas, defensores de Derechos  Humanos en Colombia en tiempo de Paz.


Hechos:

A las 18: 49Hr del día 13 de diciembre la Señora JAKELINE ROMERO EPIAYU, mujer wayuu del Resguardo Indígena El Zahino, recibe mediante mensaje de texto a su número celular personal, una amenaza de muerte en contra suya y la de su familia: “…NO SE META EN LO QUE NO LE INCUMBE EVITE PROBLEMAS , SUS HIJAS ESTAN MUY LINDAS Y PIENSE EN ELLAS, GRAN MALPARIDA PERJUDICIAL EVITE PROBLEMA POR QUE HASTA SU MADRE SE LA DESAPAREZCO PARA QUE SIGA DE SAPA…”, - las duras palabras de parte de un remitente indeterminado solo un numero de celular quien envía los mensajes de texto.

El hecho ocurre durante la participación de la víctima en un grupo de trabajo con organizaciones indígenas, entidades del estado y la cooperación internacional en la ciudad de Cartagena en un dialogo Multisectorial sobre  el derecho de la Consulta Previa.

Los hechos, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación como entidad  oficiales competente para adelantar las investigaciones pertinentes, sin embargo resulta preocupante el aumento de estos hechos hacia mujeres indígenas y líderes defensores de derechos humanos en el Sur de la Guajira.

Es muy preocupante que para épocas donde los pueblos indígenas y en especial las mujeres hacemos  históricamente aportes en la construcción de paz desde los territorios, resulta determinante mente nefasto que estos hechos continúen dándose y de manera creciente en este año en las regiones más vulnerables.

Cabe destacar como antecedente las amenazas sistemáticas  anteriores de las cuales viene siendo víctima la familia de la lideresa desde el año 2005 por parte de grupos paramilitares, sumándose amenazas directas en el 2012 a una de sus hermanas, como lo es la también reconocida lidereza Jazmín Romero Epiayu; posteriormente en el 2014 a su hija menor de edad Génesis Gutiérrez, siendo estas situaciones denunciadas ante las entidades competentes y hasta el momento siguen en la total impunidad, así  mismo el movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu hemos venido denunciando estos actos hacia otros miembros de la organización y se han elevado las respectivas denuncias antes los entes del estado competentes.

Es urgente tomar medidas frente a la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las mujeres Wayuu, líderes y lideresas de nuestro pueblo Indígena, por denunciar abiertamente en debates públicos, situaciones de vulneración de derechos que afectan al Pueblo Wayuu y a la madre tierra, la situación de las víctimas Wayuu del conflicto armado, las condiciones de empobrecimiento de las comunidades y la corrupción  que afecta  la niñez y las mujeres indígenas, situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad.

Con fundamento en los hechos previamente relacionados, Fuerza de Mujeres wayuu y El Resguardo Indígena Wayuu El Zahino del Municipio de Barrancas en el Sur de La Guajira rechaza las amenazas proferidas en contra de la vida e integridad personal de la lideresa JAKELINE ROMERO EPIAYU , motivo de la cual solicitamos:

1.  A las entidades oficiales de control y de investigación competentes como la Fiscalía General de la Nación, a donde han sido presentadas las denuncias de los hechos, para que se adelanten de manera inmediata y urgente las investigaciones sobre el origen de los mensajes  amenazantes en contra de la lideresa Jakeline Romero Epiayu para dar con sus actores materiales e intelectuales, perpetradores de las amenazas.

3. Al Gobierno Nacional de Colombia, para que a través del Ministerio del Interior y de Justicia y su programa de protección, se activen las medidas urgentes de protección colectiva a las y los integrantes de la Organización Fuerza de Mujeres Wayuu, quienes a pesar de las denuncias proferidas en otras oportunidades por hechos similares que atentan contra sus vidas, siguen en condiciones de riesgo inminente.

4. A los organismos internacionales veedores de la protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, para que en cumplimiento de su mandato, inste al estado Colombiano a cumplir con las acciones de protección de las mujeres indígenas, así como de todos los defensores y las defensoras

5. Hacemos un llamado fraternal a las Organizaciones Nacionales e Internacionales de DDHH, a las Misiones y Cuerpos Diplomáticos acreditados en Colombia, para que manifiesten su abierto rechazo ante los hechos ocurridos y para que igualmente exijan a las autoridades colombianas, la protección inmediata de la vida de la lideresa wayuu Jakeline Romero Epiayu  y se monitoree de manera permanente la situación de las mujeres Wayuu que se encuentran en riesgo inminente”.

6. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se efectúen a la mayor brevedad posible todas las gestiones pertinentes en aras de que se otorguen con carácter URGENTE, medidas de protección a la lideresa wayuu Jakeline Romero Epiayu  teniendo en cuenta los parámetros establecidos al respecto en el Decreto Ley 4633 de 2011, el Decreto 4912 de 2011 y las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 y demás autos relacionados.

7. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se analicen los niveles de riesgo que a la fecha afronta nuestra  organización Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuú y el Resguardo Indigena wayuu El zahino en el Municipio de Barrancas, Sur de la Guajira, en el marco de procesos de defensa de derechos, en especial territoriales y denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan al Pueblo Wayuú y se estudie la posibilidad de otorgar medidas de protección según la gravedad del riesgo identificado.

9.  A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), para que en el marco de sus competencias, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, a nivel departamental y municipal se realicen las acciones que sean pertinentes para generar todas las garantías que en derecho son necesarias para salvaguardar la vida en integridad personal de la lideresa wayuu Jakeline Romero Epiayu, quien viene liderando el proceso de Inclusión del Resguardo de El Zahino en el Registro Único de Victimas y reconocimiento como Sujetos Colectivos de Reparación.

10. Al Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal competente) para que direccione todos los esfuerzos necesarios en aras de garantizar que las entidades e instituciones direccionen los esfuerzos necesarios cumpliendo con la debida diligencia para que se generen las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de  Jakeline Romero Epiayu y su familia.

11. Al Programa Presidencial  para los Derechos Humanos para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, para que dentro del resorte de sus funciones direcciones todoslos esfuerzos necesarios para que las entidades competentes en el que se presenta el caso, atiendan de forma integral a la  afectada por los hechos descritos.

12.  A la Corte Constitucional para que se tome el presente reporte como un hecho a estudiar en el marco del Auto 004 de 2009, dando cuenta de la constancia e incremento de hechos victimizantes que claramente vulneran  los derechos individuales y colectivos del Pueblo Wayúu.

13. A las agencias internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil solidarias con las problemáticas y vulneraciones de derechos afrontadas por los Pueblos Indígenas, para que direccionen, desde sus funciones misionales, generen escenarios de visibilización, denuncia y coadyuvancia frente a la situación puesta de presente y exijan al Estado Colombiano las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos vulnerados.


Los Pueblos Indígenas y en especial Las Mujeres, parimos seres humanos para La construcción de paz del Mundo. enlace:
http://notiwayuu.blogspot.com.co/2016/12/amenazan-lidereza-wayuu-jakeline-romero.html

jueves, 24 de noviembre de 2016

COMUNICADO PÚBLICO No. 2 EQUIPO PROMOTOR DE LA CONSULTA POPULAR DE CAJAMARCA 24 de nov 2016

COMUNICADO PÚBLICO No. 2 
EQUIPO PROMOTOR DE LA CONSULTA POPULAR DE CAJAMARCA. 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
Fuente Facebook Cajamarca Consulta Popular

El pasado 21 de noviembre el Alcalde de Cajamarca emitió el decreto 083/16 donde fijaba la fecha del 27 de noviembre para realizar la Consulta Popular. La decisión generó un malestar en la comunidad y la opinión pública, no solamente por ser arbitraria y desconocer la Registraduría, sino por pretender violentar el derecho fundamental a la participación democrática. Seguidamente el Alcalde convocó la primera reunión del Comité Seguimiento Electoral en donde se comprometió a cambiar la fecha en coordinación con el equipo Promotor de la Consulta popular y la Registraduría.  El próximo viernes 25 de noviembre se definirá la nueva fecha. Teniendo en cuenta lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1.      El Equipo Promotor de la primera Consulta Popular de origen ciudadano de Colombia propone la fecha del 26 de febrero de 2017 con el objeto de poder garantizar el derecho fundamental a la participación ciudadana. Cajamarca tiene más de 16.000 habitantes habilitados para votar en donde más del 50% reside en sectores rurales de difícil acceso. Para el éxito del proceso es indispensable que todos los habitantes del municipio se informen sobre los alcances y la responsabilidad que implica su participación en la consulta popular y la posibilidad de definir el futuro de la Despensa Agrícola de Colombia.

2.      Hacemos un llamado al gobierno nacional y todas las instituciones del Estado Colombiano para que garanticen el derecho fundamental a la participación ciudadana y brinden todas las garantías necesarias para realizar la primera Consulta Popular  de origen ciudadano de Colombia. No podemos perder de vista que la empresa minera Anglogold Ashanti viene realizando una campaña sistemática para promover la abstención, la cual ha venido ejecutando desde el 30 de agosto, fecha en la que el Concejo Municipal de Cajamarca aprobó la Consulta Popular. 

3.      Hacemos un llamado a la Comunidad Regional, Nacional e Internacional a brindar todo el apoyo posible y el acompañamiento que sea necesario con el objeto de evitar compra de conciencias, abusos de la autoridad local, dilataciones, obstrucciones y saboteos a la realización de la Consulta Popular de Cajamarca. Este es uno de los mejores ejemplos para seguir construyendo una paz sustentada en la justicia social y ecológica, es decir, una paz ambiental. 

sábado, 22 de octubre de 2016

Consultas Populares confrontando la extracción minera

Consultas Populares confrontando la extracción minera.

Este domingo 23 de octubre, el ex asesor jurídico del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Rodrigo Negrete, junto con la comunicadora social y autora de la acción de tutela que permite a los municipios prohibir proyectos mineros en sus territorios Mónica Flórez, estarán en los micrófonos del programa: "Colombianos por el mundo" de la emisora Ibaguereña Ecos del Combeima. Escúchenlo 7:00am. http://www.ecosdelcombeima. com/

jueves, 20 de octubre de 2016

COMUNICADO ABIERTO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA POPULAR EN IBAGUÉ

COMUNICADO ABIERTO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA POPULAR EN IBAGUÉ. Ibagué, Octubre 12 de 2016.Autor: Comité Pro-NO en la Consulta Popular

 Grafica alusiva a COMUNICADO ABIERTO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA POPULAR EN IBAGUÉ
Frente a la decisión de la sala cuarta del Consejo de Estado, emitida hoy 12 de octubre, en la que se suspende de manera temporal la Consulta Popular de Ibagué del próximo 30 de octubre, manifestamos lo siguiente:
1. La Consulta Popular de Ibagué no ha sido derogada por el Consejo de Estado, sino SUSPENDIDA provisionalmente, argumentando que se requiere tiempo para resolver la tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz Tello, vocero de la abstención y presidente de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del

2. La ciudadanía ibaguereña comprende hoy, más que nunca, que la Consulta Popular es un derecho inalienable, democrático y constitucional que nos permite decidir sobre el territorio, la protección del agua, la salud, la vida y el ambiente de la niñez y

3. Reconocemos la importancia de las últimas decisiones de la Corte Constitucional en relación a la protección de patrimonio ecológico, la autonomía de los entes territoriales y la posibilidad que tienen los municipios para prohibir la minería en sus

4. Rechazamos de manera categórica la publicidad engañosa, mentirosa y calumniadora que implementa la empresa Anglo Gold Ashanti para usurpar el derecho que tenemos los ibaguereños a decidir sobre nuestro territorio a través de la consulta

5. Convocamos a la ciudadanía ibaguereña a mantener todas las actividades de movilización, formación y convocatoria que se han venido realizando en los barrios, colegios, universidades, en las calles y en las casas, en el campo y la ciudad, en todos aquellos lugares donde hemos llevado el mensaje de dignidad, de defensa del territorio, el agua y la participación ciudadana al que tenemos derecho.

Mientras el Consejo de Estado resuelve la tutela, alentamos a la ciudadanía a seguir trabajando de manera UNIDA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO. Los invitamos a encontrarnos en el CARNAVAL POR EL AGUA Y LA VIDA DEL PRÓXIMO 30 DE OCTUBRE.

Comité Pro-NO en la Consulta Popular